martes, 21 de marzo de 2017

El próximo desafío: la federalización de la práctica Pro Bono


“No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación.” John Stuart Mill

La Comisión Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires está cumpliendo en el mes de diciembre, 16 años de comprometido e ininterrumpido esfuerzo con el objeto de, trabajando en forma colaborativa entre más de 20 estudios de primera línea, asistir a la sociedad civil en proyectos de interés general, a fin que, desde nuestra área de especialidad, promover mejoras concretas en nuestra sociedad. 

Entre nuestros logros, podemos mencionar los acuerdos con el Gobierno de la Ciudad para la construcción de rampas de acceso para discapacitados en las escuelas públicas, el cumplimiento del cupo para discapacitados en el empleo público, el desarrollo de un marco jurídico más amigable para los micro emprendimientos y las microfinanzas, la lucha contra el paco en los asentamientos precarios de la Ciudad, el acercamiento de los contenidos de la Constitución Nacional a las escuelas en zonas vulnerables de la ciudad y del interior del país  y muchos más, ya que de hecho colaboramos con más de 400 ONGs con actividades y proyectos en diversos puntos de nuestro país.  Sin embargo, muchas solicitudes de asistencia, quedan sin poder recibir el asesoramiento adecuado debido a que el nivel de cobertura geográfica no nos permite responder a esos requerimientos.
Creemos que la experiencia acumulada en estos años por el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires en esta área, puede y debe ser puesta a disposición de los demás Colegios de Abogados del país, en beneficio de todos. Es una realidad que en nuestro país hay cuestiones estructurales pendientes de solución (sobre todo para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad) y hemos comprobado una y otra vez que la mejor manera de enfrentarlas y de lograr un mayor impacto con las acciones que emprendemos pasa por realizar un esfuerzo colectivo, apostar al trabajo en red, sin renunciar a la excelencia profesional.
Por eso, desde la Comisión ProBono hemos asumido un nuevo desafío que es contagiar de manera entusiasta, la experiencia del trabajo gratuito de los abogados en cuestiones de interés público a todos los Colegios de Abogados y los colegas de nuestro país.  Para ello, ya el año pasado hemos ofrecido nuestra colaboración y transmitido nuestra inquietud a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y dentro del Convenio Marco de Colaboración que hemos suscrito con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hemos acordado trabajar juntos para llevar a cabo el Proyecto de Federalización del Trabajo Pro Bono y la creación de una red de amigos juristas que nos permita mejorar el acceso a la justicia para aquellas personas y ONGs que se encuentran en las zonas más alejadas  de los centros de administración de justicia.
Nuestro compromiso será acompañar activamente a cada abogado que se sumen a este reto, compartiendo nuestra experiencia, transfiriendo nuestro conocimiento, tecnologías de trabajo aprendidas y todo aquello que hemos sabido cosechar en estos 16 intensos años de labor.
Lo que nos hemos propuesto es impensable si no lo hacemos de manera colaborativa, generosa y coordinada, construyendo una gran red, dado que tal como ha dicho Roberto Martínez Nogueira “La tarea de consolidar redes sociales es una contribución al refuerzo de identidad de los miembros en la sociedad.  Cuanto más densa sea la trama de redes sociales, cuanto más articuladas estén, la sociedad tendrá mayor capacidad para respetar las diferencias, para acceder al reconocimiento mutuo, para desplegar la solidaridad y para evitar la acumulación disruptiva de problemas.  Es, por lo tanto, estratégica para democratizar la sociedad y estabilizar la convivencia. Toda intervención en redes dirigida a su construcción  y consolidación debe ser conceptualizada como un aporte a la participación social, concurre al fortalecimiento  de las identidades y a la concreción de un conjunto de valores irrenunciables: la libertad, la solidaridad y la justicia”
Una ley justa, aplicada en forma imparcial es la mejor garantía de los ciudadanos contra el ejercicio arbitrario del poder. La construcción de ese sistema es tarea de todos y en particular, de aquellos que elegimos el derecho como profesión. Se trata de una labor gigantesca y continua. De ahí la necesidad de afrontar la tarea entre todos y en forma colaborativa.
La abogacía Argentina tiene la oportunidad, a través de la federalización del trabajo pro bono, de mostrar al resto de la sociedad un camino firme hacia una sociedad mejor. Esperemos que nuestro entusiasmo sea contagioso, en beneficio de todos.

Roberto H Crouzel
Socio del Estudio Beccar Varela
Integrante del Consejo Asesor de la Comisión ProBono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires


miércoles, 28 de diciembre de 2016

Informe Anual 2016 - Revista Digital Pro Bono

Estimados colegas, nos complace compartirles nuestra Revista Digital en donde realizamos el balance sobre este año.
 
Esperamos que les sea de agrado su lectura y que sigamos compartiendo este camino, el año nuevo entrante.
 
¡Feliz 2017!
 
Mirá la revista haciendo click aquí https://joom.ag/HnbW

lunes, 31 de octubre de 2016

Evento Pro Bono Month AIG La Meridional Seguros y Comisión Pro Bono

En el día de hoy 31/10 fuimos invitados a participar del evento "Pro Bono Month" de AIG - La Meridional Seguros. El objetivo del evento fue difundir y comunicar a los abogados del Departamento Legal de la Compañía, qué es y cuáles son las características del trabajo Pro Bono y invitarlos a hacer trabajo Pro Bono desde su lugar como abogados corporativos.



Nuestra participación estuvo a cargo de Juan Pablo Vigliero, actual integrante del Consejo Asesor y ex Presidente de la Comisión Pro Bono y la idea central de su exposición fue la motivación y la experiencia personal de esta práctica.


jueves, 20 de octubre de 2016

Firma Acuerdo Ministerio de Justicia y DD.HH - Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Estamos muy felices de comunicar que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, firmaron el 12 de Octubre un convenio marco de colaboración con el fin de facilitar el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables. La subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez,  participó de la actividad.
Con la firma se concreta el Plan de Patrocinio Jurídico Pro Bono que contempla la asistencia de los abogados de la red de estudios jurídicos de la Comisión Pro Bono (Red Pro Bono), que patrocinarán gratuitamente a vecinos que sean derivados por los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) de las Villas 21 -24 , 31 y 31 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Plan de Patrocinio Jurídico Pro Bono será implementado entre la Dirección Nacional para la Promoción y Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio, y la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
La asistencia implicará el acompañamiento de los consultantes de los CAJ que fuesen derivados a la Comisión. La ayuda tendrá lugar desde el inicio del caso hasta su finalización, sea de manera judicial o extrajudicial (por acuerdo entre partes) y contará con el mismo alcance que cualquier patrocinio pago.

miércoles, 20 de julio de 2016

Finalización de la primera etapa del Taller Universitario Pro Bono

Desde la Comisión Pro Bono estamos muy orgullosos por este primer cuatrimestre exitoso del Taller Universitario Pro Bono de la Universidad Torcuato Di Tella.
Algunos de las temáticas trabajadas este cuatrimestre fueron:


- “Litigios estratégicos en materia de discapacidad” clase llevada adelante por Segundo Pinto abogado del estudio Llerena,
-“Lavado de dinero para OSC`s” clase dictada por Federico Casal, abogado penalista socio del estudio Casal, Romero Victorica y Vigliero y
-“La problemática del Voluntariado Social en las OSC`s” clase a cargo de Nilo Thomas socio del estudio Bruchou, y Geraldine Moffat e Inés Lucena abogadas del mismo estudio.

El Taller busca acercar el trabajo Pro Bono a los estudiantes de abogacía para que las nuevas generaciones de abogadas y abogados ingresen a la profesión comprometidos desde un comienzo con la práctica y filosofía Pro Bono, al mismo tiempo que les da una oportunidad de tener un primer acercamiento a la práctica profesional ya que pueden realizar una pasantía en el estudio Beccar Varela.

Por su parte, los estudiantes benefician a la comunidad asesorando a ONG´s con la supervisión y transmisión del conocimiento técnico legal de un abogado coach de la red de abogados de la Comisión Pro Bono.

Seguimos construyendo una sociedad mejor 

lunes, 18 de julio de 2016

¿Por qué los abogados debemos hacer trabajo Pro Bono?

Les compartimos la nota de Juan Pablo Vigliero publicada en la Revista Del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Edición Julio 2016.-

¿Por qué los Abogados debemos hacer trabajo Pro Bono?
por Juan Pablo Vigliero[1]








[1]Abogado, ex Presidente de la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del CACBA. 

La Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público viene desarrollando su tarea en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2001 en que fuera fundada por un entusiasta grupo de consocios. La Comisión presta colaboración profesional totalmente gratuita, en casos de interés público, de acceso a la Justicia por sectores vulnerables, y de asesoramiento a organizaciones no gubernamentales.

Actualmente está conformada por Abogados de diecinueve Estudios Jurídicos y una Compañía (Allende & Brea; Allende & Ferrante; Baker & McKenzie; Beccar Varela; Brons & Salas; Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi; Bulló Abogados; Casal, Romero Victorica & Vigliero; Del Carril, Colombres, Vayo y Zavalía Lagos; Fontan Balestra; La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.; Llerena & Asociados; M & M Bomchil; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; Perez Alati, Grondona, Benites, Arnsten, Martinez de Hoz; Raggio & García Mira; Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge Abogados; Zang, Bergel y Viñes; y Zapiola Guerrico & Asociados), quienes han suscripto la Declaración Pro Bono para las Américas, comprometiéndose a prestar 20 horas de trabajo pro bono por Abogado por año. Potencialmente la Comisión cuenta con más de 1.000 profesionales dispuestos a donar su tiempo. Cuenta con una Mesa Directiva, un Equipo de Coordinadores que representan a varios de los Estudios, y un staff permanente compuesto por una Coordinadora Ejecutiva y una Ayudante de Coordinación.

La Comisión , a través de los Abogados que la integran, ha intervenido exitosamente en litigios estratégicos sobre acceso a la información pública, discapacidad, discriminación y transparencia institucional entre otros; ha intervenido también en proyectos ligados a la problemática del consumo de drogas, y actúa en programas sobre adopción y sobre difusión de la Constitución Nacional; acaba de suscribir un Convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para brindar asesoramiento legal a los habitantes de villas de emergencia porteñas 21-24 y 31-31 bis; participa de programas universitarios para la promoción de la actividad entre estudiantes avanzados de derecho; y viene asesorando a más de 500 ONG´s. También se ha encarado la difusión del Pro Bono a los Colegios de Abogados del Interior, a través de la actuación conjunta con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, e integramos la Red Pro Bono de las Américas, que nuclea iniciativas de esta clase en distintos países del Continente, desde Canadá y Estados Unidos hasta Chile, que actúan bajo el lenguaje sustantivo y procesal universal del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.



La actividad es variada y dinámica. Tanto como las carencias, omisiones o desvíos del Estado, que obligan a que desde el quehacer privado deba suplirse su rol.

Uno de nuestros objetivos es que la actividad Pro Bono siga el camino de la institucionalización, esto es, que su práctica esté estandarizada entre las distintas organizaciones que nuclean a profesionales de la Abogacía como en las que los forman. Ello demanda su legitimación: el que la práctica sea reconocida y aceptada por aquellas organizaciones. Resulta imprescindible entonces bucear una y otra vez en el desarrollo conceptual como base de la legitimación y de la institucionalización del Pro Bono. El término “Pro Bono” viene de la locución latina “por el bienestar público”, asociándoselo usualmente al trabajo no remunerado que realiza un Abogado en casos o asuntos de interés público o para colaborar con los sectores sociales a quienes más se les dificulta el acceso a la Justicia.

Sabido es que el mundo está regido por sistemas y reglas, y en el cual -como enseñaba C.S. Nino- el Derecho, como el aire, está en todas partes; sabemos también que los seres humanos no viven sino que conviven como señalaba Ortega y Gasset, y que tal entramado de acciones, conductas y comportamientos cruzados entre ellos, y entre ellos y la Autoridad Pública, genera conflictos. Precisamente los Abogados somos especialistas en reglas y en el Derecho, y tenemos el raro privilegio del monopolio al acceso a un sistema de resolución pacífica de disputas llamado Poder Judicial. Esta posición dentro de la comunidad es valiosa pues no puede eludir su fin social. A veces es cuestionable la imagen que los Abogados pueden tener en la comunidad, asociándoselos a los conflictos. No olvidemos sin embargo que ya Aristóteles comparaba a los tribunales con los hospicios, y a los jueces con los médicos, lidiando los primeros con las enfermedades del alma y los segundos con las físicas. Pero justo es decir que detrás de toda revolución en defensa de los derechos individuales, de la resistencia a los autoritarismos y a las tiranías, de impulso y sanción de las constituciones, de toda legislación de progreso y de cada fallo trascendente de la Corte Suprema, también han estado los Abogados. Sea como sea, los Abogados somos un componente indispensable en las sociedades contemporáneas y, más allá de los prejuicios, los estereotipos, las bromas, las horas facturables, la competencia, las corbatas caras, la imagen de halcones corporativos despiadados o de cuervos que aguardan o de caranchos de ocasión, estamos llamados a cumplir una función de contención social, de control del Estado y de facilitadores del progreso.

Ocupar esa posición de privilegio en una comunidad genera deberes. No se trata de hacer caridad al realizar trabajo Pro Bono, sino de contribuir en beneficio del conjunto del que somos parte, y cuya suerte es también la nuestra. Es sabida la discusión sobre si debemos ayudar o no, sobre si el Estado puede dictar mandatos al respecto, sobre si debe serse condescendiente con quienes no se esfuerzan y logran sus metas, y si es suficiente con hacer bien las cosas en nuestro metro cuadrado. Pero más allá de la indiscutible circunstancia de que la práctica de la abogacía que asiste a quienes no pueden afrontar los costos de un letrado, es un imperativo impuesto por la ley (L. 23.187 de colegiación, Art. 6º), propongo revisar la postura de quienes elijen no involucrarse, por no sentirse compelidos a ello.

¿Por qué importaría involucrarnos si en nuestro ámbito de actuación observamos los cánones de nuestra profesión, nos esforzamos, no estorbamos a nadie ni realizamos acciones negativas que ataquen derechos de terceros? Esto nos conduce al concepto del llamado “merecimiento moral”, debatido en el campo de la Ética: la creencia de que determinados individuos ocupan determinada posición por el privilegio de nacer en determinadas circunstancias y entorno familiar o social, o contar con determinadas habilidades, o aún haberse esforzado optimizando las oportunidades que tuvieron, desestimando lo aleatorio que puede resultar la concepción de una persona física. ¿Qué “merito” hay en que la concepción como mecanismo biológico forme a un individuo en un lugar del Planeta, en determinado tiempo, y no en otro? La omnipotencia que lleva a creerse “superior” por derecho propio es asimilable a quien simplemente se cree “afortunado” de haber nacido en determinado país y no en otro, o en cierta clase social. No todos quienes se esfuerzan llegan si, además, no tienen acceso a determinadas herramientas u oportunidades. Tomar conciencia de esta contingencia sería un argumento más para entender que la solidaridad entre congéneres no debería ser algo meramente disponible al antojo particular, puesto que integramos un conjunto y no una suma aislada de entes autónomos. Y entendiendo el mandato de solidaridad, resultará perfectamente normal la concepción de cooperación social y, obviamente la de justicia como equidad en el reparto.

Si a lo dicho le sumamos la circunstancia del conocimiento especializado que tiene el Abogado, pocas excusas quedan para no poner aunque más no sea una pequeña porción de su tiempo, al servicio de los demás.